Ambassador said the United States Government wants to see the legislation move forward in Congress and not be weakened in the amendment process.
(El embajador dijo que el Gobierno de EE.UU. quiere ver la legislación avance en el Congreso y no sea debilitada en el proceso de enmiendas).
Este texto puede leerse en uno de los cables desvelados por Wikileaks, disponible en el mirror del Partido Pirata, en el que se nos cuenta como el Gobierno de los Estados Unidos dictó al Gobierno de España como debía tramitar la “Ley Sinde”.
Y parece ser que el Gobierno de España ha obedecido la orden al pie de la letra. Durante el último año hemos vivido múltiples ocasiones en las que el Gobierno ha ninguneado toda protesta popular contra la Ley de Economía Sostenible, especialmente contra la Disposición Adicional conocida popularmente como Ley Sinde. Dichas protestas acusaban al Gobierno de pretender violar el artículo 20.5 de la Constitución Española (que concede en exclusiva a los jueces la potestad de ordenar el cierre de un medio de comunicación) para otorgar a un órgano administrativo no judicial la autoridad para cerrar páginas web. La aparente motivación para dicha violación de la libertad de expresión parece radicar en el disgusto que las frecuentes derrotas en los tribunales, en cuestiones relativas a servicios P2P y acusaciones sobre presuntas violaciones de la legislación sobre la mal llamada propiedad intelectual, había sufrido el lobby de la industria cultural.
No solo fueron ninguneadas las protestas en las calles, sino que también se tachó de spam a los legítimos intentos de la ciudadanía por comunicar a sus representantes electos su malestar ante la posibilidad de que la nueva ley cercenase la libertad de expresión. Lejos de celebrar el deseo de la ciudadanía de participar en la toma de decisiones (cosa que debería ser considerada un acto normal en democracia) sus mensajes fueron considerados basura por muchos parlamentarios, y eliminados directamente sin ser ni siquiera leídos. Poco después la mayoría de los miembros del Senado denunciaba públicamente (y así consta por escrito en las actas del Senado) el seguimiento de la actividad parlamentaria realizada desde las redes sociales, acto que consideró un factor externo degradante.
Aún así, tras anular en las calles, en las redes y en las sedes parlamentarias toda posibilidad de expresión directa de la voluntad ciudadana, aún quedaba la posibilidad de que algunos grupos parlamentarios planteasen enmiendas a la citada ley, poniendo en peligro el cumplimiento de la orden transmitida al Gobierno de España por parte del embajador norteamericano.
Así que, como último recurso, el Gobierno ha decidido tramitar la aprobación de la Ley de Economía Sostenible a través de un procedimiento abreviado. Se aprobará, como si fuera una ley intrascendente o ampliamente aceptada por la población, en la Comisión de Economía y Hacienda (y no en el pleno del Congreso), tras lo cual la ley irá a parar al Senado y luego finalmente al Congreso, donde la ley podrá ser finalmente aprobada en una sola sesión, incluso sin tener en cuenta las enmiendas propuestas por el Senado. Es decir, que el Congreso puede votar la aprobación definitiva del texto tal y como salga de la Comisión de Economía y Hacienda, ignorando las posibles enmiendas.
Además, en previsión de las posibles protestas ciudadanas, la reunión de la Comisión de Economía y Hacienda se celebrará el día 21 de Diciembre, en vísperas del inicio de las vacaciones navideñas. El mejor momento para recortar libertades es aquel en el que la ciudadanía mira para otro lado.
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